Casos de corrupción como los protagonizados por compañías como ENRON, en los Estados Unidos o; Siemens, en Europa, no solo han incrementado el nivel de sensibilización de la sociedad hasta estas malas prácticas. También han motivado diversas respuestas de tipo legal como la Ley 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor este pasado verano y que amplía y desarrolla la Ley 5/2010 que, por primera vez, introdujo en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cómo afecta esta nueva legislación a nuestras empresas y, sobre todo, qué pueden hacer sus responsables para adaptarse a estos cambios? El reciente encuentro promovido por los responsables de Hevia Chávarri Auditores, con la colaboración de la auditoría AUREN, en la Cámara Navarra de Comercio e Industria, buscó resolver estas cuestiones.
